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APROBADA DEFINITIVAMENTE POR EL SENADO LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

  • Escrito por Claudia Pierre Trias de Bes
Pierre Abogados

Nuestra sociedad, está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, se están aprovechando de nuestro sistema legal ocupando de forma ilegal viviendas propiedad de terceras personas.

Estos grupos se están aprovechando de la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, amparándose en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales, ocupándose incluso viviendas de alquiler social.

Nuestra normativa procesal actual nos ofrece únicamente dos alternativas para conseguir la desocupación: 1) acudir a un procedimiento penal por la posible comisión de un delito de Usurpación de bien Inmueble en su modalidad no violenta (art. 245.2 Código Penal) o 2) acudir al procedimiento Civil interponiendo una demanda de Juicio Verbal ejercitando una acción contra los ignorados ocupantes del inmueble al amparo del art. 41 de la Ley Hipotecaria y del artículo 250.1.7 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Resulta interesante destacar, que desgraciadamente ninguna de las dos vías legales mencionadas resultan totalmente satisfactorias ni ágiles en la actualidad por lo que el Congreso de los Diputados, debido al aumento de las ocupaciones ilegales durante los últimos años y debido a la lentitud de los procedimientos judiciales mencionados, ha aprobado una Proposición de Ley por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.

En resumen, en dicha Proposición de Ley se establecen modificaciones importantes a la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas, concretamente se modifica el juicio verbal del interdicto de recobrar la posesión.

Se modifican los artículos 150, 437, 441 y 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con una disposición adicional.

A modo de resumen, las modificaciones más relevantes son las siguientes:

  • Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título de un inmueble, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
  • La demanda deberá venir acompañada por el título que acredite el derecho a poseer la vivienda y podrá dirigirse contra los desconocidos ocupantes de la vivienda sin perjuicio que la notificación se realice a quien se encuentre en la vivienda en el momento de notificarse la demanda.
  • Los ocupantes de la vivienda tendrán un plazo de 5 días desde la notificación de la demanda para contestar a la demanda y aportar título que justifique su situación posesoria. Si no se aportase justificación suficiente el Juez ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante.
  • Contra el Auto que decida sobre dicho incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquier ocupante que se encuentre en aquel momento en la vivienda.
  • Para el caso de que los demandados no contestasen a la demanda en el plazo previsto se dictará de inmediato Sentencia.
  • La Sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Las administraciones Públicas incorporarán medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los servicios sociales a fin de prevenir situaciones de exclusión residencial y sobre todo para dar respuesta lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad social.

En definitiva, un proceso que a día de hoy puede durar aproximadamente 1 año a través de la vía civil, con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil podría durar tan solo un breve plazo de tiempo.

Esta reforma por el momento beneficia únicamente a las personas físicas propietarias de viviendas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social dejando fuera de la misma a las entidades financieras.

Esta proposición de Ley acaba de ser aprobada por el Senado, concretamente en fecha 6 de junio de 2018, sin introducir ninguna enmienda al texto inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados.

 

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